Uno de los proyectos importantes del gobierno de Juan Manuel Santos, en sus dos períodos, ha sido la entrega de las “100 mil viviendas gratis” a la población menos favorecida de Colombia, en diferentes zonas del país.
Esto sin duda es un buen paliativo, con impacto filantrópico, para las personas de las comunidades que han de recibir este “regalo”, personas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. En la página web de la Presidencia de la República se señala que “entre 2010 y 2013 se observó una reducción en pobreza de 2.466.000 personas y en pobreza extrema, en el mismo periodo, la reducción fue de 1.269.000 personas”.
En la búsqueda de información más completa, he indagado en redes sociales qué es lo que se publica sobre el tema y cómo es la metodología de entrega estas. Siendo más acucioso en la pregunta, ¿qué criterio usa el Gobierno para entregar las 100 mil viviendas una vez que se han seleccionado a las personas que reúnen los requisitos previos?
En la página del Ministerio se hace referencia al marco jurídico: la Ley 1537, del 20 de junio de 2012, mediante la que se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda; el Decreto 1921, del 17 de septiembre de 2012, por el que se reglamentan los Artículos 12 y 23 de la Ley 1537; la Resolución 0502 de 2012, en la que se reglamenta el proceso.
Es al leer el Artículo 16 del Decreto 1921, en el que se menciona la palabra “sorteo”, cuando comienzan mis preguntas y dudas metodológicas:
“Artículo 16. Condiciones para el sorteo. En los casos en los que deba realizarse el sorteo, el DPS a través de resolución que expida dentro de los quince (15) días calendario, posteriores a la entrada en vigencia del presente decreto, establecerá los mecanismos para surtir dicho procedimiento, el cual se llevará a cabo en presencia de los siguientes testigos (…)”.
Es este concepto el primero que me aproxima a una respuesta a la pregunta realizada. Por medio de los Decretos Ley y fuerza legal se utiliza una metodología para la ubicación en los territorios de las personas seleccionadas con criterios sólidos, pero al momento de la selección final, se usa el “sorteo” que, según la Real Academia Española, es “someter a alguien o algo al resultado de los medios fortuitos o casuales que se emplean para fiar a la suerte una resolución”. Esto quiere decir que la metodología se entrega a la suerte, al azar.
Un proyecto como este, que dignifica al ser humano, que originalmente va dirigido a la población de la base de la pirámide, que busca suplir una de sus necesidades básicas (la vivienda) de las personas que han sido excluidas históricamente; después de un gran proceso de selección con criterios profesionales, finaliza con un “sorteo”. Tal vez la demanda supera a la oferta, pero creo que debe haber mecanismos y metodologías rigurosas para la selección final de las personas, tal como sucede con la determinación de de los potenciales beneficiarios (ficha de caracterización socioeconómica, índice de desarrollo humano, índice de pobreza multidimensional, y otros que se han usado en países de América Latina, como por ejemplo el Programa Puente de Chile).
Al no contar con un sistema de selección hasta el final del proceso, se pierde, de alguna manera, la construcción de confianza en el Estado y su accionar desde la política pública, para el cambio de actitud de las personas en condición de vulnerabilidad.
Ahora bien, al mejorar la calidad de vida de cientos de personas por medio de un juego de azar y probabilidades (sin desmerecer a los colegas de las estadísticas), me preocupa que nuevamente se piense que la dignidad humana pasa por la suerte como una herramienta de análisis y decisión. Es acá donde los profesionales de las ciencias humanas y sociales, y en especial los trabajadores sociales, debemos alzar la voz y proponer un mecanismo concreto, digno, sin salidas laterales y sortilegios, para que se construya más que casas a regalar, políticas sociales que generen inclusión, dignidad, pero sobre todo confianza en el Estado.
