En este planeta habitado por millones de seres humanos en más de 120 países, todos tenemos que resolver una misma necesidad: ¿qué hacer con el agua?, ¿cómo gestionarla y conseguirla?, ¿a qué costo?, ¿qué tratamiento se le debe dar? Se trata de una serie de preguntas que van más allá de simplemente conseguir el vital líquido o de “abrir y cerrar la llave”.
La toma de conciencia de una crisis ambiental generalizada, producida por una prolongada ineficiencia en el manejo de los bienes de la naturaleza, nos compromete a todos a buscar una reforma profunda en la gestión sustentable de los recursos naturales.
Lo importante es no aplicar políticas ambientales “de coyuntura”, trasladando el problema a las generaciones futuras, sino que hay que considerar a los agentes económicos que aún no intervienen en el mercado, dejándoles una región habitable, frenando el desordenado desequilibrio que producen las externalidades negativas.
En este sentido, el agravamiento de la situación global exige una permanente actualización de conocimientos indispensables, y son los Estados los que deben poner al alcance de los ciudadanos los mecanismos de información pública, esto según la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, realizado en Dinamarca el 25 de junio de 1998 y ratificada en 2004. Colombia se refiere a este asunto a través del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC): “Es el conjunto integrado de actores, políticas, procesos y tecnologías involucrados en la gestión de información ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo sostenible”.
¿Se puede decir, entonces, que Colombia está en las grandes ligas del tema medioambiental? Creo que seguimos trabajando en eso, por no dar una respuesta tan taxativa; dado que el objetivo no solo es una suma de indicadores y leyes que protejan el recurso y la manera de abordarlo, sino que hay que comenzar por incorporar las evaluaciones de impacto de sustentabilidad por medio de un marco conceptual específico que permita enfrentar controversias por el agua, en todas sus etapas básicas de manifestación y aprovechamiento.
Desde otro punto de vista, decimos que hay una relación directa entre derechos del agua, sus competencias institucionales y la resolución de controversias por su uso, pero necesitamos avanzar más en el tema de una adecuada y efectiva gestión en la región (Latinoamérica), que lleve a tener claramente definidos los roles institucionales, ya que es obligación de la autoridad de aguas difundirlos, aplicarlos y orientar la participación tanto de los actores públicos como de los privados.
Comienza el debate
La demanda por el agua es creciente, y también lo es su conflictividad. No tener claramente definidos los ámbitos de competencia institucional obstaculizará la administración de los recursos hídricos y la resolución de los conflictos, prolongándolos en el tiempo; esto perjudicará al propio recurso, a las inversiones y, en definitiva, a la estabilidad social.
Existe una fuerte tendencia a permitir y fomentar la participación del sector privado en las inversiones y la explotación de servicios en el sector del agua, que antes eran exclusivos para el sector público. Esto es positivo siempre y cuando esté regulado con miras a beneficiar a nuestra sociedad, y no solo para crear nichos de mercado que luego desaparecerán y dejarán solo nuestros despojos. Paralelamente, existe una fuerte tendencia a crear, por la vía legal, la participación de la sociedad civil en la gestión de recursos hídricos.
Nuestra sociedad civil debe ser consciente, formada y coherente y, esencialmente, debe ser propositiva. Como sociedad, somos como un ecosistema; un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos, y un ambiente inorgánico; estos interactúan como una unidad funcional. Los seres humanos son parte integral de esos ecosistemas.
El bienestar humano tiene múltiples constituyentes, entre los que se incluyen los materiales básicos para el buen vivir, la libertad y las opciones, la salud, las buenas relaciones sociales y la seguridad. El bienestar es uno de los extremos de un continuo cuyo opuesto es la pobreza, que se define como una “privación ostensible del bienestar”. Los componentes del bienestar, tal como las personas los experimentan y perciben, dependen de la situación y reflejan la geografía, la cultura y las circunstancias ecológicas locales.
El problema del agua no es el agua, sino su política de administración.
Los casos sobre aguas implican una mutua correspondencia entre el conocimiento científico del tema y el marco normativo que regula la actividad. Es indispensable individualizar, identificar y tener certeza del problema o caso en análisis, comprender los hechos físicos e identificar las normas generales y particulares de aplicación. Por ello, la disciplina de gestión de recursos hídricos propone la participación de agentes que manejen ambos componentes.
El tema del agua en el país no solo pasa por ser parte de lo que en el colegio nos enseñaban: que somos privilegiados, con dos mares, ríos, montañas y muchas marcas de agua, incluso saborizadas, que nos venden en cada una de las esquinas de nuestras globalizadas ciudades.
¿Pero es ese el tema que necesitamos abordar hoy? La reflexión es que se trata de asuntos mucho más amplios que las discusiones académicas sobre si somos la fuente de agua del mundo. Lo que debemos hacer es mirar los contextos internacionales para saber si a nivel nacional vamos avanzando en la misma dirección o bien estamos a mucha distancia del mismo.
En este sentido, la última reunión del tema, que se realizó durante el Séptimo Foro Mundial de Agua, realizado en Daegu-Gyeongbuk, República de Corea, del 12 al 17 abril de 2015, fue un nuevo escenario en el que se presentaron acuerdos de inclusión social, pobreza y acceso al agua potable, además del uso productivo de este vital elemento, en un contexto de desarrollo sostenible.
Durante el encuentro se incluyeron nuevos análisis del desarrollo que implicarán un avance del mismo en el cambio de relaciones, además de un adecuado manejo descentralizado, incluyendo a diferentes y nuevos grupos de interés, como indígenas y mujeres, entre otros, sin dejar de lado la educación acerca del agua para todos en diferentes sectores económicos. Claramente, temas a la vanguardia y necesarios, que no solo se analizan y conversan en pasillos, sino que buscan implementar avances.
Vemos que en Colombia se está trabajando en su implementación a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El viceministro del Agua, Carlos Eduardo Correa, un brillante exalcalde la ciudad de Montería, mencionaba el mes pasado en un medio de comunicación que “por ejemplo, Cali, Santa Marta y Riohacha no tienen cobertura de acueducto ni siquiera para el casco urbano; y lo que se busca es que los acueductos sean sostenibles en términos del recurso mismo y en términos empresariales, financieros”.
Pero pese a este trabajo, hay elementos que hacen generar inquietudes, pues hoy más de 650 municipios no cuentan con agua apta para el consumo humano, en cifras reales; es decir, si lo medimos en términos empresariales, diríamos que hay 12 millones de clientes potenciales, usuarios, beneficiarios, votantes o como les queramos llamar desde nuestra óptica.
¿La próxima guerra, tal como lo muestra Mad Max será por el agua?
