Ante el vacío legal que existe en la legislación chilena en cuanto a la protección de los recursos naturales, la ONG Greenpeace decidió actuar de una forma que no escatima en osadía. El 5 de marzo de 2014, fundó la República Glaciar, sobre una extensión casi 23.000 kilómetros cuadrados formada por estos gigantes de hielo.
Sucede que a pesar de tener el mayor porcentaje de superficie glaciar en Sudamérica, Chile es uno de los pocos países que no contempla una ley que la proteja, lo que “ha permitido que la minería se trasforme en su principal amenaza”, según afirma Matías Asún, Director de Greenpeace en ese país.
Esta misma falta de normativa hizo posible que la organización pudiera proclamar el establecimiento de una nación soberana e independiente. La estrategia consistió en el asentamiento de varios activistas en la zona quienes, luego de haber habitado por un tiempo determinado el territorio y haber constituido una población, lograron establecer establecer una nueva república. Esta maniobra se fundó en la “Convención de Montevideo” sobre derechos y deberes de los Estados que dispone los requisitos que deben cumplirse para instituir esta unidad.
[pullquote]El objetivo de la República Glaciar, explica Greenpeace, es “que el Estado chileno reconozca los glaciares como un bien público, se comprometa con su protección a través de una ley y evite cualquier amenaza que los afecte”. [/pullquote]Sólo cuando esto ocurra, los ciudadanos del joven país estarán dispuestos a entregar el territorio al gobierno. En este sentido, Asún aclara: “No buscamos apoderarnos, lo que queremos es preservarlos”.
Esta acción surgió ante la inminencia del comienzo de un programa de excavación de yacimientos mineros autorizado por el “proyecto de expansión Andina 244” de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO). Por medio de un estudio, la ONG pudo calcular que la realización de esta actividad “contempla la destrucción de 5.000 hectáreas de glaciares, afectando directamente las reservas de agua”. La creación de República Glaciar fue anunciada por Greenpeace a través de una solicitada que difundió el diario The New York Times. A partir de esta publicación, trascendió la aseveración de que “los glaciares no son del estado, ni de los chilenos; los glaciares no son de nadie” que, según la ONG, fue el concepto fundacional para a creación de esta entidad estatal que ya cuenta con 25 mil habitantes. A su vez, como parte de la campaña, la organización invita a todos los que estén dispuestos a luchar por la protección de este recurso a hacerse ciudadanos de esta nueva república, jurando ante su Constitución servirla “ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si fuese necesario” y proclamando su nacimiento como “tierra de todos, tesoro de nuestra humanidad, territorio milenario y sin fronteras (…) nación de los que queremos un mundo mejor”.
Greenpeace nos presenta, así, una nueva propuesta de voluntariado. El objetivo de esta operación es, en resumen, “que el Estado chileno reconozca los glaciares como un bien público”. Ante los peligros que acechan a los recursos naturales a escala mundial, Greenpeace sorprende, una vez más, con ingeniosos mecanismos que apuntan directamente al corazón del problema: la falta de regulación. En este caso, la creación de una “Ley de Glaciares” aparece como la meta de esta batalla, cuyo objetivo es, en palabras de Asún, “proteger estos hielos milenarios, fuentes de vida para Chile, que actualmente están bajo amenaza, afectando no sólo al medio ambiente del país, sino que además a cientos de comunidades que dependen de los glaciares para sobrevivir”.
[pullquote]En un país cuya legislación permanece ciega, sorda y muda a la hora de hablar del tema de la preservación de los hielos continentales, la República Glaciar surge para combatir el lucro y la explotación [/pullquote]interpelando a todos a asumir una responsabilidad sobre un bien colectivo que debe ser defendido.
Photo Credit: Greenpeace
