Estamos próximos a conmemorar el Día Universal de los Derechos del Niño (20 de noviembre), una fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas cuando su Asamblea General aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959, y en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. Ésta se ha convertido en un hito en la lucha por la protección y reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, sentando las bases para el establecimiento de una ciudadanía plena.
Por eso, queremos impulsar el mes de noviembre como el Mes de los Niños, una oportunidad que nos invita a reflexionar y promover la toma de conciencia en toda la sociedad acerca de la importancia que tiene proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, en los últimos años hemos sido testigos de ciertos avances en materia de infancia, que no han pasado desapercibidos a la luz de dotar a los niños de herramientas que redunden en su desarrollo pleno.
Es importante destacar que nuestro país ha acompañado este proceso con una serie de medidas que han colaborado con este cambio de paradigma en materia de niñez, materializado en la sanción en el año 2005 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y su decreto reglamentario.
Tampoco debemos olvidar lo que ha significado la sanción del nuevo Código Civil, proponiendo grandes e innovadores cambios en materia de niñez y adolescencia, en consonancia con lo que detalla la Convención y la Ley de Protección Integral, ya mencionada. En este sentido, es insoslayable el derecho del niño a ser escuchado y a considerarlo como sujeto capaz de decidir de acuerdo a su madurez y capacidad.
El hecho de identificar a todos los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derechos nos permite reconocer sus capacidades y opiniones, haciéndolas valer con asistencia jurídica. Así como el concepto de autonomía progresiva habilita a que cada niño pueda ejercer su voluntad sobre su propia vida, a medida que crece y se desarrolla.
Tampoco han sido menores los cambios en lo que respecta al proceso de adopción, tomando como punto de partida el derecho de todos los niños y niñas a vivir y desarrollarse en una familia que les brinde un cuidado apropiado, cuando esto no les puede ser proporcionado por sus familias de origen. En este sentido, también se han definido acciones que brindan transparencia y celeridad en los procesos de adopción, respetando el derecho a la identidad y priorizando la adopción de grupos de hermanos. El nuevo Código, una vez más, garantiza el derecho del niño a expresar su opinión, siendo su consentimiento necesario para ser adoptado a partir de los 10 años, prohibiendo las guardas de hecho y las entregas directas de niños, lo que permite evitar irregularidades.
De esta manera, se profundiza el modelo de protección integral de Derechos instaurado por la Convención sobre los Derechos del Niño y se desarma el modelo donde los niños eran entendidos como objetos de tutela por parte del Estado, incapaces de tomar decisiones sobre sí mismos. Aí se hace un reconocimiento expreso a los derechos de los niños y niñas, entendiéndolos como sujetos plenos de derechos, teniendo en cuenta su opinión según edad y grado de madurez.
Para concluir, si bien el nuevo Código Civil entró en vigencia en agosto de este año, y aún es muy pronto evaluarlo, se espera que con su puesta en plena vigencia contribuya a mejorar el ejercicio de los derechos y a partir de ello, la calidad de vida de millones de niños y niñas, a través de políticas públicas concretas. Sin embargo, sería ingenuo no reconocer que quedan aún muchas cuestiones por abordar en esta materia.
Para esto, y de cara al nuevo gobierno que se aproxima, como representante de Aldeas Infantiles SOS, una organización de la sociedad civil de larga trayectoria en el trabajo por la infancia en todo el mundo, llamo a toda la sociedad a renovar el compromiso y exigir a nuestros gobernantes que determinen planes de acción específicos e inversiones en políticas públicas que impacten en el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas de nuestro país. Si bien hemos dado grandes avances en estos últimos años en materia de legislación y protección de infancia, no ha sucedido lo mismo en materia de acción. Sin un presupuesto que acompañe estas líneas de trabajo, es muy difícil lograr que las políticas públicas brinden condiciones de vida adecuadas para todos los niños y las niñas de este país y a eso, definitivamente, debemos apuntar.
Por la Lic. Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.
