La semana pasada perdieron la vida tres mineros informales tras una explosión mal realizada, en Sandia, en la región de Puno, República del Perú.
Unos meses atrás, surgió una polémica en torno al Decreto Legislativo 1105, presentado por el Ejecutivo el 24 de agosto, que permitiría extender el proceso integral de formalización de los mineros informales hasta el año 2016. Se trata de la prórroga que el gobierno le estaría proporcionando a esta actividad cuyo término había sido fijado, en principio, para el 5 de septiembre de 2013. El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, niega que se trate de una prórroga de dos años ya que el decreto sostiene como fecha límite para la formalización de los trabajadores informales el 19 de abril del año que viene. Los siguientes dos años se destinarían a tareas de saneamiento y de intervención y fiscalización de las plantas de procesamiento.
No obstante, tanto el expresidente Alan García como los congresistas Javier Bedoya del Partido Popular Cristiano (PPC) y Javier Velásquez Quesquén de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), sostienen que se trata de un paso atrás en la lucha contra esta actividad ilegal, pues aseguran que los mineros informales podrán seguir trabajando sin incautación de las maquinarias hasta el 2016. De las tres partes surge el reclamo hacia el presidente Humala por ceder ante las presiones del sector. Cabe destacar que esta postergación implica que el proceso será concluido por el próximo gobierno. Por su parte, el ministro Pulgar- Vidal contestó a las acusaciones y recordó que fue el exmandatario Alan García quien, en 2011, les había concedido a los informales, mediante un decreto supremo, una prórroga hasta el año 2016.
[pullquote]Mientras tanto, la minería ilegal sigue funcionando y produciendo estragos a nivel económico, ambiental y humano en el Perú.[/pullquote] El reciente caso de Sandia es sólo un ejemplo. Además, varios sectores del Lago Titicaca, emblema de este país, se encuentran afectados como, también, muchas otras áreas protegidas donde esta actividad se lleva a cabo ilegalmente. La minería representa ya una práctica sumamente agresiva para el medio ambiente y una labor altamente insalubre para los trabajadores. Sin embargo, se trata de un sector importante a nivel económico en países como Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Ante esta delicada situación es de suma importancia que se apliquen regulaciones fuertes, firmes y concretas para contrarrestar al máximo las posibilidades de riego ambiental y humano.