En medio de un paisaje soleado con una brisa placentera y el apacible sonido del mar, los turistas disfrutan de las playas de Punta del Este en la República Oriental del Uruguay. A pesar de ciertas adversidades económicas, los argentinos siguen diciendo presente, pero han dejado de ser la mayoría indiscutible entre los turistas locales y aquellos provenientes de Brasil. Con todo, en estas costas se sigue respirando verano, pero esta vez, el verano tiene un aroma distinto. 
El martes 10 de diciembre de 2013 se aprobó en el parlamento uruguayo el Proyecto de Ley N° 708/13, que propone la legalización del consumo del cannabis. La decisión tuvo una fuerte repercusión mediática, ya que se trata de una medida sumamente innovadora en el ámbito de América Latina. De hecho, Uruguay se adjudicó el título de primer país latinoamericano en legalizar el consumo de esta sustancia. Si bien la reglamentación de la ley todavía no se realizó, es notable la cantidad de personas, entre ellos turistas, que se disponen tranquilamente a encender un cigarro de marihuana en playas y otros espacios públicos.
El proyecto determina un plazo de 120 días para que la ley sea reglamentada. Sin embargo, el proyecto ya dice mucho. Según declaraciones del presidente Mujica al sitio elperiodico.com, se quiere “regular su venta en farmacias y, por tanto, tener control sobre el consumo”. No obstante, existe un sector considerable que no está de acuerdo con el proyecto, principalmente, porque sostiene que con éste el uso se verá fomentado.
El proyecto en sí propone la legalización del consumo de cannabis y de sus usos científicos y medicinales bajo el control del Estado. Se establece un mecanismo de licencias para el cultivo tanto industrial como individual, el expendio y la compra. Asimismo, se fijan cifras de tenencia máxima, tanto en el caso del cultivo personal como en el de la compra. En el primer caso, el máximo de plantas de las cuales puede disponer un productor para consumo personal es de seis unidades, el equivalente a 480 gramos anuales. En el segundo, la cantidad máxima para la compra es de 40 gramos al mes, aproximadamente un cigarrillo de marihuana por día. El criterio para el otorgamiento de licencias aún debe ser establecido.
[pullquote]Simultáneamente, el proyecto de legalización de la marihuana en Uruguay hace hincapié sobre la importancia de “proteger, promover y mejorar la salud pública”[/pullquote] y para ello dispone una serie de medidas en el ámbito de la educación y la prevención contra las adicciones. Además, prohíbe toda publicidad, promoción o auspicio de los productos del cannabis cualesquiera que sean sus fines. Para su implementación el proyecto establece la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) que será, principalmente, el responsable del otorgamiento de licencias y la aplicación de las normas y las sanciones ante las infracciones. Sus ingresos serán deducidos de las compras y las multas. En el ámbito del Ministerio de Salud Pública, se creará una Unidad Especializada en Evaluación y Monitoreo de la ley que emitirá informes anuales.
Regulación Responsable es una ONG creada en las vísperas de la presentación del proyecto y está compuesta por particulares y otras organizaciones en apoyo a la legalización de la marihuana en el Uruguay. Su principal razón para apoyar esta medida es el fracaso del “prohibicionismo” ante la realidad del narcotráfico. Y lo aseguran: [pullquote position=”right”]La reglamentación es la única manera de disociar dos situaciones sociales que, al momento, se encuentran acopladas: el consumo y el narcotráfico.[/pullquote] En este sentido, el consumo del cannabis no generaría narcotráfico en sí, sino que este último se genera como mercado paralelo ante la no legislación del uso de psicotrópicos.
Para esta organización, “la regulación de la marihuana se fundamenta en una serie de argumentos que involucran distintas áreas”, como la seguridad pública, la salud y los recursos económicos, entre otras. Probablemente, el argumento más interesante es el que sostiene que un proceso regulatorio de este tipo separaría los mercados alejando a los consumidores de marihuana del “ofrecimiento de drogas más pesadas”, como la pasta base. Y según ha trascendido, el precio que se fijaría por gramo sería de US$1 para competir con el mercado ilegal.
No obstante, aún quedan interrogantes en torno a la cuestión de las desventajas y los beneficios de la implementación de esta ley. Debido a que el Estado se reserva el manejo de las actividades de importación y exportación del cannabis, y ya que las semillas probablemente provengan del exterior, cabe pensar cómo repercutirá esta posibilidad en otros países, sobre todo en América Latina, donde hay una alta producción ilegal de la sustancia en cuestión. Por otra parte, el hecho de que Uruguay innove con medidas como esta sienta un precedente para el debate en otros gobiernos del continente. Sin embargo, aún se debe comprobar si realmente el consumo se mantendrá en los niveles actuales o si el acceso simple y legal a la sustancia lo fomentará.
Otro tema a considerar es cómo se desarrollará la producción masiva de marihuana en manos de productores privados licenciados. Con respecto a esto, cabe preguntarse qué riesgo real existe de que se corrompa el sistema de control estatal. Según Hernán Delgado, integrante de Regulación Responsable a través de Proderechos, la organización apuesta “a que el modelo uruguayo sea de producción nacional, orgánica, y que fomente el desarrollo social”. Para ello se está trabajando “para generar el escenario adecuado para que las licencias puedan ser obtenidas mayoritariamente por productores uruguayos” haciendo foco no sólo en el consumo interno sino también en las virtudes medicinales de la marihuana y en la producción de cáñamo. Todas estas incógnitas están pendientes aún, pero forman parte del debate que debe darse ante una acción gubernamental de trascendencia internacional y que choca con realidades tan delicadas como las del narcotráfico y las adicciones.
