Costa Rica es un pequeño país centroamericano que no sólo se destaca por las bellezas naturales de su territorio, sino también por sus políticas ambientales públicas que las protegen para el beneficio de toda la población.
Desde finales de la década del noventa, el Estado costarricense ha implementado una serie de medidas que estimulan el cuidado de los bosques mediante recompensas económicas.
El programa Pago por Servicios Ambientales (PSA) es una las herramientas más exitosas que se han aplicado desde entonces en Costa Rica. Este programa consiste en la entrega de un reconocimiento económico a los propietarios de terrenos boscosos lo suficientemente rentable como para que se comprometan a conservarlo en lugar de talarlo o explotarlo. Es decir, se recompensa al que contribuye a la conservación del medio ambiente que todos disfrutamos.
Para que esto sea posible, en Costa Rica se promulgó la Ley Forestal N° 7575 que reconoció la protección de los bosques, del agua, de la biodiversidad y de la belleza natural con fines turísticos y científicos, como un servicio ambiental prestado por un particular a la totalidad de la población. Por lo tanto, es el pueblo costarricense quien financia esta estructura de protección ambiental.
Uno de los grandes beneficios de esta práctica, además de la protección de los suelos, ríos y especies de vida silvestre, es la reducción de los gases de efecto invernadero. Varios estudios científicos han comprobado que los árboles son capaces de absorber y almacenar estos gases, siendo el resguardo de los bosques una forma eficaz de contrarrestar las consecuencias del cambio climático y alcanzar la carbono-neutralidad.
El financiamiento del PSA es posible gracias a un impuesto sobre los combustibles del 3.5%. De esta manera se obtiene dinero de aquellos que contaminan con sus actividades diarias y se redistribuye a aquellos que compensan esta acción.
Pero esta no es la única fuente de ingresos que tiene el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), órgano estatal que administra y supervisa los PSA, dependiente del Ministerio de Ambiente y Energía. Sus actividades están contempladas dentro del presupuesto nacional ordinario y extraordinario. También obtiene créditos de organizaciones internacionales y cuenta con la participación de diferentes empresas privadas y ONG.
Sin embargo, a pesar de estos respaldos económicos, la demanda del servicio es aún mayor y los recursos son insuficientes. Por eso se han generado otras herramientas para alcanzar el objetivo de convertirse en un país carbono-neutral en 2021.
Una de ellas es la Marca Carbono Neutral, un certificado para aquellas organizaciones que han elaborado su Inventario de Gases de Efecto Invernadero y lo compensan con una suma de dinero equivalente a la cantidad de árboles necesarios para compensar su emisión de gases.
El Eco-marchamo es otra herramienta que se ha creado en Costa Rica para mitigar los efectos de la contaminación y la deforestación. Se trata de un compromiso adicional del conductor de un vehículo con la causa ambientalista. Se calcula su Huella de Carbono (emisiones de gases de efecto invernadero por año) y se le cobra el monto necesario para plantar los árboles que van a absorber esas emisiones.
Ambos mecanismos son voluntarios. Si bien el marco legal del país no obliga a un conductor o a una empresa a adoptar estas medidas, tienen éxito. La “cultura verde” de Costa Rica ha posibilitado que estas normas existan y coexistan con muchas otras de la misma naturaleza.
El cambio en la manera de pensar de la sociedad no fue abrupto. Todo lo que se ha logrado fue el proceso de un largo período en el que se fue modificando la forma en que la sociedad percibe la conservación y el manejo de los recursos naturales. [pullquote]No hay medida política sustentable que a priori garantice el éxito si la sociedad en la que nace no es consciente de la importancia del cuidado ambiental.[/pullquote]
