Uno de los principales debates sobre la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) gira en torno a si las compañías (tanto públicas como privadas) deben ser obligadas mediante leyes a elaborar reportes o memorias de sostenibilidad, para que éstas informen sobre sus impactos, prácticas y compromisos en materia de gobernanza, cuidado del medio ambiente e impacto social.
En el ámbito público, el comprometer a las empresas del Estado (y/o aquellas con participación estatal) en la elaboración de informes de sustentabilidad implica, por un lado, asumir un rol protagónico en el camino hacia el “buen gobierno corporativo, cuidado del medio ambiente, cero tolerancia a la discriminación, buen trato al personal, salarios dignos y posibilidades de desarrollo sostenible”, como asegura un proyecto de ley sobre el tema de la senadora argentina María Laura Leguizamón.
Por otro lado, supone adoptar, por parte de los Estados, un rol “ejemplificador”, implementando una política que impulse la transparencia y la rendición de cuentas en el sector privado. En ambos casos, se trata de pensar los productos finales (sean bienes o servicios) no como “meros resultados de procesos económicos que llevan a cubrir otras necesidades, sino que además importan las formas en que se desarrolla aquel proceso productivo, y las cualidades sociales que de ellos se desprenden”, explica el proyecto anteriormente mencionado.
[pullquote position=”left” hidden=”true”] En el ámbito privado, cada vez son más los países en los que los balances anuales sobre sustentabilidad son obligatorios. [/pullquote] A modo de ejemplo de esta tendencia, el año pasado la Global Reporting Initiative (GRI) -la organización que diseñó la metodología más utilizada mundialmente para informar el desempeño económico, social y ambiental de las organizaciones-, reconoció al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Administración y Gestión Pública de la provincia de Córdoba (Argentina) por haber generado desde la esfera estatal sendos reportes de sustentabilidad.
En el ámbito privado, cada vez son más los países en los que los balances anuales sobre sustentabilidad son obligatorios. En Dinamarca, las grandes empresas deben emitir informes de sustentabilidad o dar cuenta de por qué no lo hacen. Lo mismo sucede en Sudáfrica con las firmas que cotizan en la Bolsa de valores de Johannesburgo. Esta exigencia de “informar o explicar” parece ser la tendencia a nivel global.
Esta obligación de entregar informes de sustentabilidad tiene como objetivo “estimular la integración de la responsabilidad social a la gestión regular de las empresas, a través de del ejercicio de reportar la gestión económica, social y medioambiental”, asegura Dante Pesce, Director Ejecutivo del Centro Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de Chile.
En este sentido, “la información financiera resulta no ser suficiente para dar garantía de permanencia de largo plazo. Las variables sociales, como las buenas relaciones con los sindicatos, clientes, proveedores, así como el respeto por el medio ambiente, resultan temas de importancia para inversionistas, tomadores de decisión y la sociedad en general”, agrega.
Generalmente, los reportes exigidos deben realizarse bajo la metodología de la Global Reporting Initiative, que el año pasado presentó su renovada versión G4. Al fomentar el uso de un lenguaje unificado se favorece “la comparabilidad y el reconocimiento internacional”, asegura Pesce, de allí que cada vez son más los países que toman esta medida como un asunto de desarrollo estratégico.
A pesar de algunas posiciones contrarias –que aseguran que las políticas de RSE no deben ser impuestas por la vía legal sino surgir de una “evolución natural” de la ética y de las prácticas de responsabilidad social-, es cada vez mayor el consenso en torno a la idea de que la implementación de políticas públicas activas y la exigencia de balances sociales hará que las firmas aumenten su conciencia sustentable y la separarán de una actitud que dependa solamente de la buena predisposición y consideración de los empresarios.
