El Protocolo de Kioto firmado en 1997 comprometió a muchos países desarrollados a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, aquellos más contaminantes, Estados Unidos y China, no adhirieron al compromiso.
En aquella oportunidad se acordó que las economías en desarrollo, como Chile, debían comprometerse a entregar informes anuales de emisiones, sin obligación de reducirlas.
Sin embargo, la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático que la ONU celebró en Copenhague en 2009 mostró a Chile como uno de los países más comprometidos con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global. A pesar de aportar sólo un 0,2 % de las emisiones globales, Chile anunció que para fines de esta década reduciría 20 % sus emisiones.
Una de las principales medidas anunciadas recientemente para cumplir con los objetivos propuestos es el desarrollo de una nueva legislación ambiental que lo convertirá en el primer país sudamericano en cobrar un impuesto a las emisiones de carbono.
El impuesto de USD 5 por tonelada de carbono emitido estará dirigido a las centrales térmicas con capacidad instalada igual o mayor a los 50 MW. Las plantas que son alimentadas por fuentes renovables o que tengan pequeñas instalaciones estarán exentas de esta norma.
Se espera que Endesa, AES Gener, Colbún y E.CL sean las empresas que paguen la mayor parte del impuesto. Estas compañías han expresado su descontento porque ciertos sectores industriales no han sido blanco de la nueva legislación, y han advertido sobre un posible aumento del valor de la electricidad.
El gobierno de Chile comenzará a medir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales térmicas en 2017 y el nuevo impuesto regirá desde 2018.
Es importante que las pequeñas economías del mundo comiencen a realizar reformas en sus legislaciones para proteger el medio ambiente y de esta manera presionar a las naciones más contaminantes a asumir un compromiso con las generaciones futuras.
Australia, el contraejemplo
Australia, una de las naciones con más contaminación per cápita del planeta, eliminó en julio el impuesto a las emisiones de carbono, convirtiéndose en el primer país del mundo en derogar este tipo de leyes.
Esta medida implica un retroceso en sus políticas contra el cambio climático. Según el Primer Ministro australiano, Anthony John “Tony” Abbott, quien señaló que el tributo no ayudaba al medio ambiente, “lo que se ha eliminado no es una política para reducir las emisiones, lo que se ha eliminado es el mayor impuesto al carbono en el mundo“.
Según un informe de la Universidad Nacional Australiana, durante los 2 años que duró el impuesto de 25,40 dólares australianos se ayudó a reducir las emisiones de carbono del sector eléctrico en 17 millones de toneladas.
